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El Gobierno guatemalteco acusa a activistas humanitarios de chantaje y extorsión

WFDC News
11/26/2013 5:51 PM

Guatemala, 26 nov (EFE).- El Gobierno de Guatemala acusó hoy de chantaje y extorsión a los activistas humanitarios que el pasado 28 de octubre denunciaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de criminalizar las protestas sociales.

El ministro guatemalteco del Interior, Mauricio López Bonilla, dijo que la denuncia de las organizaciones locales de derechos humanos “no es más que un chantaje y una extorsión como la de los pandilleros”, que extorsionan a comerciantes y transportistas.

Los señalamientos los hizo el funcionario durante una reunión con los líderes de la Cámara de Industria del país, en la que les informó sobre las acciones de su cartera para detener los hechos de violencia e inseguridad que afectan al país.

Ante las preguntas de algunos de los industriales que participaron en la reunión sobre las denuncias de los activistas humanitarios y sociales, López Bonilla señaló que las mismas son “chantaje” y que por medio de ellas buscan “extorsionar” al Gobierno ante la comunidad internacional.

“Debe mantenerse la gobernabilidad para evitar los problemas sociales”, señaló el funcionario, tras comparar a los líderes sociales con los miembros de las temidas pandillas juveniles que exigen extorsiones a miles de comerciantes y transportistas locales a cambio de no asesinarlos.

López Bonilla negó que el Gobierno del presidente Otto Pérez Molina criminalice las protestas sociales como lo denunciaron los líderes ante la CIDH y aseguró que lo que se hace es “garantizar el orden” para evitar problemas de ingobernabilidad.

En la denuncia presentada en octubre ante la CIDH, Rubén Jiménez, representante de la comunidad indígena de Santa María de Xalapán, dijo que el Estado guatemalteco “criminaliza de manera sistemática la protesta social” así como contra los defensores de los derechos humanos.

“Se utiliza el derecho penal en contra de los dirigentes que defienden su territorios frente a los megaproyectos (energéticos) acusándoles de delitos como usurpación, secuestro o asociación ilícita” y en “el peor de los casos de terroristas y sicarios”, aseguró Jiménez.